El tortuoso camino hacia la regularización y legalización del alojamiento vacacional en Canarias

Con mucho retraso respecto a otras comunidades autónomas como Cataluña o Madrid, a finales del mes de mayo en Canarias se ha dictado una regulación propia sobre el alquiler vacacional (decreto 113/2015 de 22 de mayo) en los últimos días de mandato del gobierno de Paulino Rivero. En el caso de las islas se permite el alquiler vacacional de viviendas completas siempre que se produzcan requisitos como una inscripción en los registros insulares, pero sin embargo impide el alquiler de habitaciones (la fórmula de bed and breakfast) y la cesión temporal de uso de viviendas situadas en zonas turísticas y rústicas del archipiélago.

Por este motivo, y por la aprobación del decreto sin un consenso final con las partes implicadas, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) se ha puesto en pie de guerra con el gobierno canario exigiendo el cambio de dicha regulación, que ha dejado fuera a más de  50.000 viviendas vacacionales (cerca del 90% del total) que han quedado en una posición de total ilegalidad.

Esta situación se abordará en un encuentro que mantendrá la ASCAV con la Comisión Nacional de la Competencia el próximo 7 de septiembre  donde se expondrán los recursos presentados. Además se ha iniciado una fuerte ofensiva política por diversos partidos y se han movilizado numerosas asociaciones empresariales apoyando los recursos interpuestos por la ASCAV. Si estáis interesados en conocer cómo evoluciona este tema os recomiendo que contacteis con la ASCAV y sigáis sus publicaciones en la página de facebook de la asociación.

Teniendo en cuenta que Canarias es la Comunidad Autónoma de España con mayor número de alquileres vacacionales, elegidos por el 10% de los turistas que visitan el archipiélago, y que genera unos ingresos estimados de alrededor de 1.000 millones de euros anuales, aportando directa e indirectamente más del 34% de empleo turístico y más del 33% al PIB turístico canario, revisar y replantear los parámetros definidos en el decreto y ajustarlos a las particularidades de este tipo de oferta alojativa es un tema prioritario y que no debería haberse tomado tan a la ligera.

Estos datos se complementan con un reciente estudio publicado por ESADE y FEVITUR en el que se aportan datos y perspectivas muy interesantes desde el punto de vista del turista y de los propietarios.

Podéis ver la presentación completa en este enlace:

Es más que evidente que esta situación debía haberse regulado hace mucho tiempo, pero además en estos momentos, no solo es urgente buscar una regulación efectiva en un área que evoluciona más rápido que la norma, sino, aceptar que el sector turístico se enfrenta, por un lado, al reto de encontrar un modelo que evite la masificación y, por otro, dar con el perfil turístico adecuado. Entender, que la solución no es favorecer exclusivamente al lobby turístico y arremeter contra las viviendas vacacionales con restricciones al desarrollo de una tendencia global hacia la economía colaborativa, la interacción con el destino y sus gentes, y el turismo sostenible, que implica un cambio de concepto, y que afecta de forma transversal a TODO EL MODELO TURÍSTICO y ECONÓMICO.

¿Vamos a seguir dándole la espalda a la realidad o empezamos a adaptarnos a una demanda creciente que exige al sector turístico una renovación plena de sus estructuras e infraestructuras que lo haga más valioso, más sostenible y más apetecible para las generaciones que vienen y que en apenas una década constituirán la principal fuerza de consumo y gobierno de nuestra sociedad?

El turista decide